Niñas no madres: la interrupción legal del embarazo (ILE) es un derecho

Los acontecimientos producidos en el último tiempo en Argentina ameritan una reflexión sobre las lógicas que se instrumentan para el incumplimiento de una amplia legislación en relación a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Las niñas y adolescentes son sujetxs de derechos, tal como lo suscribe nuestra Constitución Nacional y por ello deben ser reconocidxs en sus deseos y decisiones.

El caso de la niña de 11 años de la provincia de Tucumán es un elocuente ejemplo de la violación de derechos. No fue escuchada, no se registró su deseo y su demanda y quedó cautiva de los poderes públicos que no quisieron dar respuesta.

El cuerpo, donde conjugan biología y cultura, se ha transformado en el espacio de experimentación y tortura de los sectores conservadores de nuestro país. Se intenta correr los límites de la ley e instaurar una lógica de acción que permita poner en evidencia la viabilidad de las dos vidas, cosa que, como quedó demostrado, no fue posible.

La lógica patriarcal despliega así toda su potencia en la vida de las niñas a través del sistema político, la corporación médica y judicial desplegando la objeción de conciencia como un atributo indiscutible.

La niña solicitó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por un embarazo producto de la violación de la pareja de su abuela. El Código Penal del año 1921, en su artículo 86 inc.2 y el Fallo FAL de la Suprema Corte de Justicia del año 2012, habilitan legalmente la interrupción legal del embarazo sin judicialización ni dilaciones. Al igual que el caso de la niña en Jujuy la demora en la intervención llevó a producir un parto por cesárea, sin ningún cuidado de la privacidad, para que se produjera un nacimiento en la semana 23 inviable, acorde a los actuales desarrollos tecnológicos. Obligar a continuar un embarazo forzado está tipificado como tortura por la legislación internacional.

Los grupos antiderechos ofrecen así el sacrificio de una niña para demostrar la “importancia de las dos vidas” operando en la ilegalidad y dando por tierra una historia de avances legales para una vida digna para las niñas y las mujeres. La libertad de decidir sobre el propio cuerpo se inscribe en el derecho de las niñas y las mujeres a desarrollar su vida y decidir cuantos hijos tener, con quien tenerlos, o no tenerlos y en qué momento.

Si el sistema político, las corporaciones y los grupos antiderechos han decidido operar por fuera de la ley ha llegado el momento de accionar judicialmente con las herramientas nacionales y los instrumentos internacionales.

#NiñasNoMadres, supone romper el destino para quien no quiere y en muchos casos no puede hacerse cargo de una vida cuando recién está despuntando su propia experiencia y necesita ser cuidada y querida para poder crecer.

FUSA AC

El Proyecto DeSeAr presentó la hoja de ruta por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad

Con la presencia de equipos de salud, jefes de Servicios de Adolescencia de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y referentes de organizaciones sociales dedicadas al trabajo por los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad se presentó este lunes el Proyecto DeSeAr (Derechos sexuales y reproductivos en Argentina) con inclusión.
Fue en el marco de una reunión en un salón anexo del Congreso de la Nación en el que se compartieron detalles de esta iniciativa conjunta de FUSA AC, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

El proyecto busca erradicar las distintas formas de violencia y discriminación y promover los derechos sexuales y reproductivos de las más de dos millones de niñas y mujeres con discapacidad que viven en Argentina.
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La jornada, que fue inaugurada por Sandra Vázquez, Directora Ejecutiva de FUSA AC, y Carolina Buceta, Presidenta de REDI, tuvo como objetivo central la presentación de los principales lineamientos del proyecto y sentar las bases para el trabajo conjunto entre actores clave para avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas que contemplen efectivamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad.

Tanto Vázquez como Buceti hicieron un repaso del trabajo que ambas instituciones vienen llevando adelante en temáticas vinculadas al cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el país y en especial de las mujeres y personas con discapacidad.

A su turno, Sofia Minieri, integrante de REDI y una de las coordinadoras del Proyecto DeSeAr, aseguró que “queremos hacer hincapié especialmente en el tema de la inclusión porque no es un proyecto de un grupo particular de personas, es sobre derechos universales, de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Buscamos que las mujeres y las personas con discapacidad en particular pueden ejercer estos derechos en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Y para eso es necesario, entre otras cosas, tener una lectura y una mirada de los derechos sexuales y reproductivos que sea interseccional y que incorpore la perspectiva de la discapacidad”. Y agregó: “Hay que tener en cuenta que en general leemos las necesidades de salud de las personas con discapacidad bajo el prisma de la discapacidad y hay que romper esa tendencia. Porque puede ser que las necesidades de salud sexual y reproductiva estén determinadas por la discapacidad pero también puede ser que no”.
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Luego, Malena Correa, del equipo de FUSA AC y también coordinadora del Proyecto, explicó que “este proyecto se trata de una innovación integrada, en la que proponemos abordar sistemáticamente la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad; tendrá una duración de 36 meses y fue otorgado por el Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres en un proceso competitivo y de selección rigurosa”. Y agregó que “en los próximos tres años proponemos trabajar con un enfoque multinivel para lograr un cambio duradero y sustentable, con perspectiva de discapacidad, abordando las formas intersecciones de discriminación que experimentan mujeres y niñas con discapacidad y que les impiden ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones que mujeres y niñas sin discapacidad”. IMG-1248

Luego la jornada se abrió a un intercambio de preguntas y respuestas con las más de 50 personas invitadas vinculadas al campo de la salud, las políticas públicas y los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad en el ámbito estatal y de las organizaciones de la sociedad civil.

Sandra Vázquez: “Se debe priorizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas”

A raíz del editorial publicado la semana pasada por el diario “La Nación” llamado “Niñas madres con mayúsculas”, y que generó el repudio de amplios sectores de la sociedad, la Directora Ejecutiva de FUSA AC, Sandra Vázquez, señaló en una entrevista publicada por “Diario Vivo” que el derecho de las mujeres a “elegir sobre sus vidas” debe ser prioritario a la hora de acompañar la decisión que tomen con respecto a la continuación o interrupción de un embarazo. Y agregó: “Vida es cualquier célula, el tema es entender el derecho de la mujer a elegir sobre su propia vida y que su vida es más importante que la del embrión, incluso en el caso de embarazos buscados en los que se detecta que el bebé no va a nacer bien o va a morir a los pocos días. El punto es cuánto respetamos a la mujer, adolescente, niña o adulta, que por algún motivo quiere interrumpir el embarazo. Ese motivo tiene que ser siempre válido, sea cual sea”. Debate-Aborto-Congreso-abril-AE-1920-23

En otro tramo de la entrevista, Vázquez afirmó que “muchas veces depende de si el embarazo es producto de una violación o de una relación consentida. En el primer caso, el diagnóstico se hace en forma tardía porque la adolescente no cuenta los abusos, que generalmente son intrafamiliares y de larga data. Y para cuando consultan por otra cosa, se detecta un embarazo que ya tiene más de 14 semanas. Si es producto de una relación consentida, entonces suelen sospechar que están embarazadas y se hace el diagnóstico más temprano. En esos casos, se les dan todas las opciones: continuar con el embarazo y ser madres; continuarlo y darlo en adopción o interrumpirlo. En general, prefieren la opción de no continuar con el embarazo”.

Según la médica, existe “un pequeño porcentaje” de niñas y adolescentes que deciden continuar con el embarazo. Se trata, la mayoría de las veces, de menores con una realidad socioeconómica de vulnerabilidad. “Lo ven como un proyecto de vida, sienten que no son nada y que ser la mamá de alguien las pone en un lugar en la sociedad. Es un mecanismo para llevar algo propio. En general, son chicas que no estudian, dejaron la escuela y cuidan a sus hermanos. Deciden ser madres aunque no tengan pareja. En muchos casos, las abuelas se terminan convirtiendo en madres de sus nietos”, explicó la médica especialista en ginecología infantil y adolescente.

En el caso de las niñas y adolescentes de los estratos socioeconómicos medio y alto que llegan al sistema de salud pública con un embarazo, “el 99 por ciento opta por la interrupción”. “Hay un concepto de maternidad distinto en uno y otro sector”, agregó Vázquez.

La médica integra la “Red de Profesionales por el Derecho a decidir”, que tiene alrededor de 1.000 médicos, asistentes sociales y psicólogos en todo el país. El postulado de la red es acompañar y preparar interdisciplinariamente la decisión de las mujeres, “sea cual sea”.

La ausencia de educación sexual; los abusos sexuales, sobre todo intrafamiliares, y la pobreza convierten, en muchos casos, a las menores embarazadas en “niñas madres”.

“Creo que hay condicionamientos tanto para continuar un embarazo como para interrumpirlo. Nosotros tenemos que escuchar y evaluar. Yo tuve que denunciar a padres que querían interrumpir el embarazo de su hija, que quería tener el bebé. Nosotros tenemos que ser lo más objetivos posible y ayudar a tomar una decisión libre y autónoma. Si la adolescente quiere continuar con el embarazo, se la acompaña en esa postura, sea que quiera ser madre o darlo en adopción”, apuntó la médica del Argerich.

El caso de una nena de 12 años en la provincia de Jujuy, a la que le practicaron una cesárea porque le detectaron un embarazo de alrededor de 24 semanas, despertó la polémica acerca de los métodos óptimos para atender los casos de las niñas y adolescentes que no quieren continuar con la gestación.

“No todas las provincias trabajan de la misma manera. La Pampa tiene un protocolo más amplio que el de la Nación para la interrupción del embarazo. Hay otras provincias más obstaculizadoras, como Jujuy. Además, las instituciones antiderechos siempre están atentas a estas familias y les queman la cabeza cuando deciden abortar. Las ponen en una situación de culpa, no distinguen entre el embrión, el feto o el niño por nacer. A una chiquita de siete semanas le muestran una foto de un feto de 25”, advirtió Vázquez.

“En el caso de Jujuy, hay una fundación que reclama la potestad para retirar de la morgue el cuerpo del feto que nació y darle ´cristiana sepultura´. Una adolescente y una familia no tiene que pasar por eso. La nena fue violada y estuvo internada en una maternidad. Es muy traumático, esa nena queda marcada para toda la vida. Va a ser la señalada como la asesina o la pobrecita”, expresó al doctora.

Vázquez advirtió sobre la necesidad de que la Mifepristona sea legalizada en Argentina ya que hubiera sido el método más indicado para tratar un caso como el de Jujuy.

La médica también consideró que en el caso de Jujuy se violó el secreto profesional, para proteger a la adolescente y a la familia. “No se tendría que haber llegado a ese lugar, habría que haber detectado el embarazo a tiempo. La interrupción voluntaria del embarazo debe ser una práctica más, no debería estar tan obstaculizada”, agregó.

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