Educación Sexual Integral: un derecho pendiente

Fotografia: Catalina Distefano 

Educación Sexual Integral: un derecho pendiente

En Argentina, en el año 2006, se sancionó la Ley 26.150 que sostiene que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”[1]. Dos años más tarde, se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), con el objetivo de llevar adelante la implementación de la Ley. Sin embargo, actualmente existen muchos obstáculos para acceder a este derecho y no se implementa de manera integral en todo el país.

La educación sexual es un derecho humano. El acceso efectivo a la ESI funciona como agente de promoción de la salud, de la calidad de vida y de la prevención de enfermedades. La educación en sexualidad favorece el ejercicio de derechos, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.

Los contenidos de la ESI son exigidos por los mismos adolescentes. En las pruebas Aprender 2017 casi el 60% de los estudiantes respondieron que el principal tema que la escuela no aborda y debería hacerlo es la “Educación sexual”, mientras que en segundo lugar se ubicó la opción “Violencia de género/otros tipos de violencia”. Además, según la edición 2018 de estas pruebas, temas como “Métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual” o “Cómo evitar el abuso sexual”, contenidos fundamentales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, fueron reportados por lxs estudiantes de sexto año del primario como los menos abordados en el aula.

Por otro lado, según los balances (2008- 2015) aportados por el Ministerio de Educación, sólo el 17% de los docentes de nivel medio indicó que realiza actividades sobre ESI de manera continua. Cuando se consulta por el área de enseñanza, se destacan ampliamente los/las docentes de Ciencias Naturales[2].

Además de la ley 26.150, nuestro país cuenta con un amplio marco regulatorio que protege el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral. A nivel internacional, el Consenso de Montevideo estipula entre sus medidas prioritarias, que los Estados deben asegurar la efectiva implementación de programas de ESI. La Agenda 2030 establece entre sus metas ampliar el acceso a educación e información sobre servicios de salud sexual yreproductiva, fomentar conocimientos yhabilidades para promover  los derechos humanos y la equidad de género[3]. A nivel nacional, cabe mencionar la Ley 26.061 de protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la Ley 25.673 que promueve el acceso a información en salud sexual y reproductiva.

A pesar de los consensos nacionales e internacionales sobre la importancia y necesidad del cumplimiento de la ESI, cabe destacar el preocupante avance en la región de propuestas morales, por grupos religiosos. Según estas perspectivas, la educación sexual se constituye por conceptos como la abstinencia, el rol “natural” de hombres y mujeres, la fidelidad y la heterosexualidad.  Refieren que la ESI sirve para adoctrinar a los niños en “ideologías y comportamientos sexuales radicales que están en conflictos con los valores religiosos y culturales de la mayoría de la gente”[4].

Frente a esta coyuntura, resulta ineludible profundizar las políticas públicas existentes para el efectivo cumplimiento de la ESI y exigirle al Estado que cumpla con su obligación de proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos en todos sus aspectos, sin perder de vista la participación juvenil. Incluir a los y las adolescentes permite que las intervenciones respondan a sus necesidades reales, promueve su apropiación y compromiso respecto a las intervenciones sobre su salud sexual y los empodera para la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos[5].


[1] Ley Nacional de Educación Sexual Integral número  26.150 (2006).

[2] Ministerio de Educación. La Educación Sexual Integral en la Argentina Balances y desafíos de la implementación de la ley (2008-2015), páginas 104 a 105. Abordaje conceptual. Disponible aquí.  

[3] UNFPA Teoría del Cambio de las Iniciativas de Educación Integral de la Sexualidad.

[4] AWID – OURs (2017) Derechos en Riesgo.

[5]  IPPF (2007) Young People as Advocates Toolkit.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: Los derechos sexuales y reproductivos son de todes

En Argentina, según el último Censo Nacional, viven casi dos millones de mujeres con discapacidad y un tercio de ellas se encuentra en edad reproductiva. Diversos estudios han demostrado que es frecuente que las mujeres y niñas con discapacidad (MND) encuentren serios obstáculos para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva respetuosos de sus derechos, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos.

¿Cuáles son las barreras de acceso más frecuentes? Por un lado, experimentan diversas formas de violencia contra su libertad reproductiva en ámbitos institucionales, por ejemplo, barreras legales y físicas que les impiden tomar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva y sobre su cuerpo. Por otro lado, y en virtud de estereotipos sobre su sexualidad y prejuicios sobre su incapacidad para criar a sus hijxs, a las MND se les restringe el poder de elegir libremente el método o práctica anticonceptiva que desean utilizar y se las somete a prácticas forzosas, como la prescripción de métodos anticonceptivos de larga duración y/o a prácticas de esterilización quirúrgica sin su consentimiento (ni formal ni informalmente informado).

Además, en nuestro país aún existen normas jurídicas que vulneran los derechos de las MND, tales como el artículo 3 de la Ley 26.130 que faculta a los/as jueces a autorizar la esterilización de MND con restricciones a su capacidad jurídica, una intervención judicial que está expresamente prohibida en el caso de las mujeres sin discapacidad. Esta distinción constituye una forma de discriminación por motivos de discapacidad que vulnera el derecho de las MND a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con el resto de las personas.

Empoderamiento y capacitación para la acción: el proyecto DeSeAr con inclusión

Desde el 2018, y junto con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, llevamos adelante el Proyecto DeSeAr (Derechos Sexuales en Argentina) con inclusión, una iniciativa que busca promover el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y eliminar la violencia institucional que experimentan en el acceso a los servicios de salud las niñas y mujeres con discapacidad.

En este sentido, los hospitales y centros de salud se convierten en espacios claves que deben ser abordados para alcanzar estos objetivos. Por eso, uno de los focos de acción del proyecto es la capacitación y entrenamiento de equipos de salud para lograr que se transformen en líderes y puntos focales a la hora de brindar información, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género y discapacidad. Trabajamos con grupos interdisciplinarios de salud que se desempeñan en distintos niveles de atención, con el fin de generar un cambio sostenible, en actitudes, conocimientos y prácticas en materia de salud sexual y reproductiva de MND y en oferta de servicios respetuosos de los derechos de las personas con discapacidad en general, y de MND en particular.

Actualmente, se encuentran participando del proyecto DeSeAr aproximadamente 80 profesionales de la salud que se desempeñan en el primer y tercer nivel de atención en CABA, y se espera incluir a grupos interdisciplinarios de personal de salud del Gran Buenos Aires, en los primeros meses de 2020.