Fotografia: Catalina Distefano
Educación Sexual Integral: un derecho pendiente
En Argentina, en el año 2006, se sancionó la Ley 26.150 que sostiene que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”[1]. Dos años más tarde, se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), con el objetivo de llevar adelante la implementación de la Ley. Sin embargo, actualmente existen muchos obstáculos para acceder a este derecho y no se implementa de manera integral en todo el país.
La educación sexual es un derecho humano. El acceso efectivo a la ESI funciona como agente de promoción de la salud, de la calidad de vida y de la prevención de enfermedades. La educación en sexualidad favorece el ejercicio de derechos, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.
Los contenidos de la ESI son exigidos por los mismos adolescentes. En las pruebas Aprender 2017 casi el 60% de los estudiantes respondieron que el principal tema que la escuela no aborda y debería hacerlo es la “Educación sexual”, mientras que en segundo lugar se ubicó la opción “Violencia de género/otros tipos de violencia”. Además, según la edición 2018 de estas pruebas, temas como “Métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual” o “Cómo evitar el abuso sexual”, contenidos fundamentales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, fueron reportados por lxs estudiantes de sexto año del primario como los menos abordados en el aula.
Por otro lado, según los balances (2008- 2015) aportados por el Ministerio de Educación, sólo el 17% de los docentes de nivel medio indicó que realiza actividades sobre ESI de manera continua. Cuando se consulta por el área de enseñanza, se destacan ampliamente los/las docentes de Ciencias Naturales[2].
Además de la ley 26.150, nuestro país cuenta con un amplio marco regulatorio que protege el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral. A nivel internacional, el Consenso de Montevideo estipula entre sus medidas prioritarias, que los Estados deben asegurar la efectiva implementación de programas de ESI. La Agenda 2030 establece entre sus metas ampliar el acceso a educación e información sobre servicios de salud sexual yreproductiva, fomentar conocimientos yhabilidades para promover los derechos humanos y la equidad de género[3]. A nivel nacional, cabe mencionar la Ley 26.061 de protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la Ley 25.673 que promueve el acceso a información en salud sexual y reproductiva.
A pesar de los consensos nacionales e internacionales sobre la importancia y necesidad del cumplimiento de la ESI, cabe destacar el preocupante avance en la región de propuestas morales, por grupos religiosos. Según estas perspectivas, la educación sexual se constituye por conceptos como la abstinencia, el rol “natural” de hombres y mujeres, la fidelidad y la heterosexualidad. Refieren que la ESI sirve para adoctrinar a los niños en “ideologías y comportamientos sexuales radicales que están en conflictos con los valores religiosos y culturales de la mayoría de la gente”[4].
Frente a esta coyuntura, resulta ineludible
profundizar las políticas públicas existentes para el efectivo cumplimiento de
la ESI y exigirle al Estado que cumpla con su obligación de proteger y
garantizar el pleno ejercicio de los derechos en todos sus aspectos, sin perder
de vista la participación juvenil. Incluir a los y las adolescentes permite que
las intervenciones respondan a sus necesidades reales, promueve su apropiación
y compromiso respecto a las intervenciones sobre su salud sexual y los empodera
para la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos[5].
[1] Ley Nacional de Educación Sexual Integral número 26.150 (2006).
[2] Ministerio de Educación. La Educación Sexual Integral en la Argentina Balances y desafíos de la implementación de la ley (2008-2015), páginas 104 a 105. Abordaje conceptual. Disponible aquí.
[3] UNFPA Teoría del Cambio de las Iniciativas de Educación Integral de la Sexualidad.
[4] AWID – OURs (2017) Derechos en Riesgo.
[5] IPPF (2007) Young People as Advocates Toolkit.
