Esta campaña estuvo orientada a impulsar la modificación de los artículos 2 y 3 de la ley 26.130 de Contracepción Quirúrgica, que permitían que las personas con discapacidad fueran sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento, con el pedido y/o autorización de sus familiar o representantes legales. En diciembre del 2021, el Senado de la Nación aprobó la modificación de la ley, dando un paso fundamental para garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no productivos de todas las personas y para construir una sociedad en la que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.
