Como institución dedicada a la promoción, prevención y atención integral de la salud de adolescentes y jóvenes y como miembros del Consejo Asesor de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y del consejo asesor del Plan ENIA, queremos expresar nuestro respaldo al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo y manifestar nuestra profunda preocupación frente a la posibilidad de que quede sin efecto la Resolución No. 3158/2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud que lo aprueba.
El derecho a la interrupción del embarazo por causales fue consagrado en nuestro país en el artículo 86 del Código Penal de 1921, hace casi 100 años, y fue luego ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L” de 2012. La actualización del Protocolo de actuación implica un avance sustancial para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar ya que, por primera vez, adquiere jerarquía normativa por tratarse de una resolución oficial. Este instrumento les permite a los equipos de salud trabajar en un marco de mayor seguridad jurídica y busca evitar la judicialización de los casos que muchas veces bloquean en el ejercicio de este derecho. Además, todas las provincias deberán ahora implementar esta normativa, hayan o no adherido al Protocolo de 2015.
Entre otros avances, la actualización del Protocolo incorpora el concepto de autonomía progresiva existente en el nuevo Código Civil y Comercial de 2015, incluye las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo y hace hincapié en la importancia de la celeridad de la práctica, estableciendo un plazo máximo de diez días corridos entre el pedido de la ILE y la práctica.
En un país como Argentina, donde la muerte por embarazo terminado en aborto se encuentra entre las primeras causas de muerte materna, un instrumento de política pública como el nuevo Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo resulta fundamental para garantizar la dignidad, los derechos, la salud y la vida de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar.
