#AbortoLegal2020 | Exigimos un debate democrático y respetuoso.

Quienes hacemos FUSA AC celebramos el comienzo del debate parlamentario del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo, y exigimos que la discusión se dé en un marco democrático, plural, libre y respetuoso. En este sentido, repudiamos todo tipo de actos violentos e intimidatorios hacia aquellas personas, instituciones, legisladores y legisladoras que apoyan la aprobación de una legislación que promueve la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar en la Argentina.

Todas las personas tenemos derecho a expresar nuestras opiniones libremente, y las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos y apoyamos la legalización del aborto defendemos ese derecho. Sin embargo, los ataques contra quienes hacen pública su postura a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, perpetrados con el objetivo de amedrentar e intimidar, son expresiones intolerables e incompatibles con la democracia. La violencia no puede tener lugar en un Estado de derecho.

Cada día, en Argentina, se producen más de 100 internaciones por complicaciones vinculadas a abortos inseguros y esta práctica es una de las principales causas de muertes maternas. Por eso, instamos a las y los legisladores a comprometerse con un debate respetuoso, sin desinformación y sin dilaciones: la salud y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar está en juego. No hay más tiempo que perder.

El aborto es una cuestión de salud, y la salud no puede ser un privilegio. Es el momento de hacer historia, es urgente y es ahora.

#AbortoLegal2020 

Campaña #SomosDeSeAr: mujeres con discapacidad activan por sus derechos sexuales y reproductivos

Mujer con discapacidad sostiene en su mano un cartel que dice "Tengo derecho a formar mi propia familia"

(Buenos Aires, 25 de noviembre de 2020) La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y FUSA Asociación Civil presentan la campaña #SomosDesear, una iniciativa liderada por mujeres con discapacidad de diferentes regiones del país. A través de un conjunto de spots audiovisuales, reivindican su derecho al goce y a vivir plenamente su sexualidad y visibilizan las barreras que les impiden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

“A veces las personas piensan que las mujeres con discapacidad no tenemos derecho a tener relaciones sexuales y no somos deseadas ni podemos desear” y “existe el prejuicio de que las mujeres con discapacidad no podemos tener pareja” o de que “sólo podemos estar en pareja con personas con discapacidad”, señalan. Y agregan “las personas piensan que mantener relaciones con mujeres con discapacidad es un abuso”. Frente a estos prejuicios replican: “nosotras podemos elegir con quién y también decir que no”

Varias de ellas enfatizan: “yo decido si tener hijos o hijas y cuándo tenerlos. Si tengo un hijo o hija, es mi derecho poder criarlo. Yo elijo cuántos hijos tener y con qué espaciamiento. Yo decido si necesito o no un apoyo para maternar. Sobre mi cuerpo decido yo”. 

Para tomar estas decisiones, exigen una atención respetuosa de sus derechos sexuales y reproductivos. Por eso también exigen a quienes integran los equipos de salud: “en la consulta ginecológica, acordate que tratás esa parte de mi cuerpo, no mi discapacidad. En una consulta de salud tengo derecho a decidir si voy acompañada o no…. Si voy acompañada, háblame a mí que soy quien consulta…. Tengo derecho a conocer todos los métodos anticonceptivos…. ¡Tratame como persona. No como una cosa! 

El contenido de la campaña es el resultado de la puesta en común de las experiencias compartidas por más de 80 mujeres con discapacidad de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires durante un conjunto de ocho talleres que REDI realizó durante 2019 en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Salta. Los talleres son parte del proyecto DeSeAr con Inclusión, una iniciativa conjunta de FUSA AC y REDI que cuenta con el financiamiento del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia Contra las Mujeres.

Durante los encuentros, estas mujeres que forman parte de 20 organizaciones que promueven sus derechos, compartieron experiencias que les permitieron definir colectivamente cuáles son las formas más frecuentes y/o más graves de violencia que experimentan cuando quieren ejercer su sexualidad y acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y cómo estas formas de violencia impactan en su vida y les impiden vivir una sexualidad plena. No sólo eso: además decidieron pasar “de la catarsis a la acción” colectiva para terminar con estas prácticas y reclamar en primera persona el pleno reconocimiento de sus derechos a través de los mensajes recopilados en los spots audiovisuales y radiales que forman parte de la campaña #SomosDesear. 

El Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU) es el único mecanismo mundial de concesión de subvenciones dedicado exclusivamente a combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los niveles local y nacional. Los fondos recaudados sirven para apoyar iniciativas que tienen una incidencia específica y sostenible. La campaña #SomosDesear y esta comunicación se han elaborado con financiación del Fondo Fiduciario de la ONU; no obstante, las opiniones expresadas y el contenido incluidos en ellas no implican su adhesión o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas.

#HaceloVisible: visbilizar para prevenir el abuso sexual en niñas y adolescentes

Mujer jóven embarazada en una sala de espera de un centro de salud

En el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y AdolescentesFUSA AC y la Embajada de los Países Bajos en Argentina presentan #HaceloVisible, una campaña para visibilizar lo que algunas personas eligen ocultar o no ver.

 Cuando las redes sociales encuentran un contenido que fue reportado por un usuario lo califican como “contenido sensible” o “contenido delicado” y alertan a la audiencia para que elijan si quieren verlo o no. 

A través del mismo recurso pero con un cambio de sentido, el objetivo de esta campaña es llamar la atención de los usuarios sobre la cantidad de niñas que se convierten en madres antes de los 15 años y la necesidad de reportarlo. Existe una alta probabilidad de que estos embarazos hayan sido producto de abuso sexual.

Cada  tres horas una niña de entre 10 y 14 años tiene un parto en Argentina y 8 de cada 10 embarazos de menores de 15 años no son intencionales. En la mayoría de los casos, se trata de embarazos producto de violencia sexual ejercida por integrantes de la familia o del entorno cercano bajo distintas formas de coerción que abarcan desde la imposición forzada hasta las amenazas, abuso de poder y otras formas de presión (Fuente: Codajic). 

El embarazo forzado es uno de los efectos posibles de los abusos sexuales. En este caso, a los riesgos propios del embarazo en edades tempranas, se suman los riesgos derivados del impacto emocional de la violencia, la culpabilización, el silenciamiento, la falta de contención y de apoyo que se manifiesta cuando ese abuso no fue detectado (UNFPA/Plan ENIA, 2018). El embarazo es así una continuidad de la situación del abuso que le dio origen. Si no pudo ser contado, o si fue silenciado por el entorno, el embarazo también estará rodeado de ocultamiento y estigma.

La detección temprana de abusos sexuales en niñas y adolescentes menores de 15 años, además de detener el abuso, evitaría embarazos forzados y maternidades forzadas (Fuente: Unicef). Hacer visible esta realidad es el primer paso para tomar medidas eficaces para su prevención, que garanticen el derecho de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencias.

Sumate a la campaña. Compartí vos también los contenidos en tus redes sociales con el hashtag #HaceloVisible.

Ver en Instagram | Ver en Facebook | Ver en Twitter

#BastaDeEsterilizacionesForzadas

#BastaDeEsterilizacionesForzadas

(Buenos Aires, 5 de octubre de 2020) En Argentina, muchas personas con discapacidad -especialmente, mujeres con discapacidad- son sometidas a esterilizaciones forzadas y no consensuadas. La iniciativa #BastaDeEsterilizacionesForzadas, impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), FUSA Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y realizada en el marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión“, promueve la modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130 como paso fundamental para erradicar estas prácticas.

Tal como reconoce la Ley 26.130, las esterilizaciones son un método anticonceptivo que, como cualquier otro, debe ser elegido por la persona –con o sin discapacidad- que lo va a usar, quien debe brindar el consentimiento informado. Esto significa que no se puede esterilizar a una persona sin su consentimiento y que NUNCA se debe solicitar el consentimiento o asentimiento de terceras personas (tales como familiares de la persona con discapacidad) o una autorización judicial.

Sin embargo, el artículo 2 de la Ley 26.130 sólo habilita a las personas sin restricción judicial de la capacidad jurídica y mayores de edad a brindar el consentimiento para las esterilizaciones. Si la persona fue declarada incapaz en sede judicial, la práctica debe ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial. Esto lesiona el derecho de las personas con discapacidad a una vida libre de violencia basada en género y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás, entre otros derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Al no contemplar sistemas de apoyo para la toma de decisiones autónomas ni salvaguardas para evitar la sustitución de la voluntad, la Ley 26.130 tampoco resulta efectiva para prevenir situaciones en las que se esteriliza a personas con discapacidad sin su consentimiento. Esto ocurre cuando la voluntad de la persona es sustituida por el consentimiento de sus familias y/o de terceras personas de su entorno. También se presentan situaciones en las que la persona con discapacidad brinda un consentimiento viciado, por ejemplo porque se la induce a aceptar la práctica en base a información sesgada.

En Argentina, al igual que en otras partes del mundo, las esterilizaciones forzadas y no consensuadas son aceptadas socialmente porque se considera que las personas con discapacidad son vulnerables y dependientes y, por ende, incapaces de criar a sus hijos/as. También se alega, sin fundamento, que las esterilizaciones pueden ser efectivas para proteger a las personas con discapacidad de la violencia sexual. Cualquiera sea la justificación, se argumenta que la esterilización forzada o no consensuada se realiza “por el propio bien” de la persona.

 

Las organizaciones involucradas en esta iniciativa consideramos la reforma de la Ley 26.130 como un paso ineludible y fundamental que el Congreso Nacional debe dar de forma urgente para erradicar las esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad y avanzar en el pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales, de conformidad con los estándares internacionales en la materia.

***

La Ley 26.130 permite #EsterilizacionesForzadas a personas con discapacidad. Modificar esta norma es URGENTE.

#BastaDeEsterilizacionesForzadas

***

Contactos de prensa:

proyectodesear.fusa@gmail.com  +54 9 11 6414-4053

cbazan@grupofusa.org  +54 9 11 3770-7375

Rumbo a la cumbre de Nairobi #CIPD25. FUSA AC en la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe

Del 24 al 26 de septiembre se lleva adelante en la Ciudad de Puebla, México, la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para la Cumbre de Nairobi y FUSA AC dijo presente de la mano de María Alicia Gutierrez y Pamela Martín García, del Área de Advocacy.

El objetivo principal del encuentro es articular las voces de América Latina y el Caribe de cara a los 25 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, para facilitar su integración en la conversación global en la cumbre de Nairobi. Así como también definir los compromisos para acelerar la implementación del Consenso de Montevideo.

Participan 24 países de la región y 228 personas de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, entidades regionales, agencias de Naciones Unidas, universidades y centros de estudios, entre otros.

Los temas de discusión principales a tratar son: a) Diversidad demográfica y desarrollo sostenible; b) Igualdad de género, violencias de género y prácticas nocivas; y c) Salud y derechos sexuales y reproductivos.

Uno de los espacios de debate y reflexión del que participó Pamela Martín García en representación de FUSA AC fue la mesa “Diálogo multicultural sobre la agenda feminista interseccional en aborto en el marco de la CIPD+25”,organizado por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. El objetivo de este evento fueconsiderar una lectura de la lucha por el aborto que esté atravesada por las interseccionalidades que visibilice efectivamente que el aborto inseguro afecta de manera desproporcionada a las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, y que en términos de estadísticas la región todavía no cuenta con información desagregada y diferenciada que nos permita tener una lectura adecuada de esta problemática.

Por otro lado, María Alicia Gutierrez moderó la la mesa “¿Cómo monitorear los procesos?” En la que se analizó el monitoreo como una herramienta técnica política para evaluar los logros y desafíos del Consenso de Montevideo en el proceso rumbo a Nairobi.