#28M: el derecho a la salud de las mujeres con discapacidad

NUESTRA DECISIÓN: UNA APP PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES

La aplicación Nuestra Decisión contiene información sobre derechos sexuales y reproductivos y datos sobre lugares de atención de salud sexual y reproductiva. Además, permite acceder a información oficial sobre temas de salud, como el coronavirus, solicitar asistencia en casos de violencia de género y denunciar vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos. Está disponible en Google Play.  

(Buenos Aires, 28 de mayo de 2020) – En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, FUSA Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) recuerdan que todas las mujeres – incluidas todas las mujeres con discapacidad sin excepción– tienen derecho a la salud sexual y reproductiva. En consecuencia, deben poder acceder a una amplia gama de información, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva, sobre la base de su consentimiento pleno, libre e informado y en condiciones de igualdad y no discriminación.

A fin de promover el pleno ejercicio de este derecho, REDI y FUSA AC desarrollaron la aplicación Nuestra Decisión, la primera herramienta digital de este tipo en Argentina en ser desarrollada con perspectiva de género y discapacidad. Aunque está dirigida a todas las personas, está especialmente pensada para que las mujeres con discapacidad se sientan incluidas y puedan beneficiarse de ella.

La aplicación contiene información sobre derechos sexuales y reproductivos en un lenguaje sencillo y accesible. Además, la aplicación incluye diversas herramientas que permiten a la persona usuaria obtener información oficial sobre temas de salud, como el coronavirus, solicitar asistencia en casos de violencia de género y denunciar situaciones de denegación o violación de derechos sexuales y reproductivos. En particular, la aplicación incluye botones de llamada rápida al 911, la Línea 144,  la Línea 0800 Salud Sexual y las líneas que actualmente brindan información sobre coronavirus (i.e. 0800-222-1002).

Gracias a la colaboración brindada por las autoridades del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), las personas usuarias de Nuestra Decisión también podrán conocer los lugares de atención de su salud sexual y reproductiva más cercanos a su ubicación y evaluar la atención recibida y el grado de accesibilidad de cada lugar de atención. También podrán conocer las evaluaciones realizadas por otras usuarias que hayan asistido a ese mismo lugar en el pasado. 

Desde su lanzamiento en abril de 2020, más de 700 personas han descargado Nuestra Decisión en Google Play. Esta app fue desarrollada en el marco del proyecto DeSeAr con Inclusión, una iniciativa de REDI, FUSA AC y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer que tiene como objetivo promover que las mujeres y niñas con discapacidad que viven en diferentes regiones del país puedan ejercer plenamente su derecho a la salud sexual y reproductiva, en condiciones de igualdad y no discriminación.

Testimonios de usuaries de la app

“Celebro una iniciativa realmente inclusiva, que visibiliza a las personas con discapacidad como sujetos de deseo y lxs ayuda a que de garanticen sus derechos”

“Clara y fácil de entender para todos. ¡Hacía falta una app asi!”

“Es re fácil de usar y es muy completa en cuanto a toda la información.”

“¡Excelente app inclusiva, muy práctica y completa!”

Fuente:

https://play.google.com/store/apps/detailsid=org.redi.nuestradecision&showAllReviews=true

Nuestra Decisión fue desarrollada en el marco del proyecto DeSeAr con Inclusión, una iniciativa de REDI, FUSA AC y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Este proyecto tiene como objetivo promover que las mujeres y niñas con discapacidad que viven en diferentes regiones del país puedan ejercer plenamente su derecho a la salud sexual y reproductiva, en condiciones de igualdad y no discriminación.El Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU) es el único mecanismo mundial de concesión de subvenciones dedicado exclusivamente a combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los niveles local y nacional. Los fondos recaudados sirven para apoyar iniciativas que tienen una incidencia específica y sostenible. La aplicación y esta comunicación se realizan con financiación del Fondo Fiduciario de la ONU; no obstante, las opiniones expresadas no implican su adhesión o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas

Contacto de prensa:

Laura Lemura – + 54 9 11 3179-8275

Sofía Minieri – mujeres@redi.org.ar 

Mariana Vaccaro  – marianacomunicacion@gmail.com – +54 9 11 3360-1012

Camila Bazán – cbazan@grupofusa.org

SE AGRADECE LA DIFUSION DE ESTA INFORMACIÓN

#ActiváTusDerechos, un concurso de ideas por los derechos sexuales y reproductivos.

Si tenés entre 16 y 24 años de edad y tenés una idea para promover el acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos ¡queremos conocerla!

Desde FUSA AC estamos buscando soluciones innovadoras creadas por jóvenes para jóvenes que fortalezcan el ejercicio de derechos como la educación sexual integral, identidad de género, acceso a servicios de salud sexual, prevención del embarazo no intencional, entre otros.

¿Lo mejor de todo? Si tu proyecto resulta elegido como ganador, ¡vas a poder hacerlo realidad! Desde FUSA vamos a apoyar la realización y el financiamiento del proyecto elegido. Pero además su autor/a/e se va a llevar una tablet, una beca para un curso virtual en Grow School y un cupo asegurado en el curso de Promoción de la Salud Sexual dictado por FUSA AC.

El jurado que va a elegir la idea ganadora está integrado por el área de jóvenes de FUSA AC, el Director de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Escobar, Ximena Rojas Rivera, Directora Académica en Grow Escuela de Internet y Florencia Alcaraz, periodista, directora y editora de LatFem.

Para postular tu proyecto solo tenés que completar el formulario haciendo click acá.

Si tenés dudas o consultas, podés escribir a info@grupofusa.org

Nuestra Decisión: una aplicación accesible para todes

Junto a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) hoy lanzamos la aplicación Nuestra Decisión. Es la primera herramienta digital de este tipo en Argentina en ser desarrollada con perspectiva de género y discapacidad. Aunque está dirigida a todas las personas, está especialmente pensada para que las mujeres con discapacidad se sientan incluidas y puedan beneficiarse de ella.

La aplicación contiene información sobre derechos sexuales y reproductivos en un lenguaje sencillo y accesible. De esta manera, las personas usuarias de la aplicación podrán conocer cuáles son sus derechos y las leyes que los reconocen, lo que les permitirá enfrentar situaciones como la denegación de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y otras vulneraciones a sus derechos. 

Además, la aplicación incluye diversas herramientas que permiten a la persona usuaria obtener información oficial sobre temas de salud, como el coronavirus, solicitar asistencia en casos de violencia de género y denunciar situaciones de denegación o violación de derechos sexuales y reproductivos. En particular, la aplicación incluye botones de llamada rápida al 911, la Línea 144,  la Línea 0800 Salud Sexual y las líneas que actualmente brindan información sobre coronavirus (0800-222-1002). Al incluir esta información, la app procura contribuir a incrementar el conocimiento que las mujeres con discapacidad tienen de estos recursos y facilitar su acceso a la asistencia que ellos brindan.  

Gracias a la colaboración brindada por las autoridades del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), las personas usuarias de Nuestra Decisión también podrán conocer los cien lugares de atención de su salud sexual y reproductiva más cercanos a su ubicación y evaluar la atención recibida y el grado de accesibilidad de cada lugar de atención. También podrán conocer las evaluaciones realizadas por otras usuarias que hayan asistido a ese mismo lugar en el pasado. 

Nuestra Decisión está disponible en Google Play. Fue desarrollada en el marco del proyecto DeSeAr con Inclusión, una iniciativa de REDI, FUSA AC y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer de Naciones  Unidas que tiene como objetivo promover que las mujeres y niñas que viven en diferentes regiones del país puedan ejercer plenamente su derecho a la salud sexual y reproductiva, en condiciones de igualdad y no discriminación.

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El Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU) es el único mecanismo mundial de concesión de subvenciones dedicado exclusivamente a combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los niveles local y nacional. Los fondos recaudados sirven para apoyar iniciativas que tienen una incidencia específica y sostenible. La aplicación y esta comunicación se realizan con financiación del Fondo Fiduciario de la ONU; no obstante, las opiniones expresadas no implican su adhesión o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas.

¿Cómo acompañar a niñes y adolescentes ante el impacto de la pandemia?

Por Paula Sterren, psicóloga de Casa FUSA

La epidemia de COVID-19 que afecta en la actualidad a un gran número de países constituye, desde la perspectiva de la Salud Mental, una situación disruptiva para las familias. A nivel psicosocial, las emergencias sanitarias son consideradas disruptivas porque sobrepasan de manera significativa la capacidad de afrontamiento y manejo por parte de la población afectada, tanto en la dimensión individual como social. Esto no deja afuera a los niños, niñas y adolescentes. El habitual funcionamiento de las familias se ve interrumpido por la incidencia de un evento inesperado, que las sorprende y tiene un impacto desestabilizante. Un suceso de este tipo exige de todos los integrantes un esfuerzo para poder metabolizar ese impacto. Sin embargo, ni las comunidades, ni las familias, ni los individuos están habituados a atravesar situaciones de emergencia como esta; por lo que es normal experimentar incertidumbre, no saber qué hacer o cómo responder ante esta circunstancia. A la incertidumbre desencadenada por lo sorpresivo y lo desconocido de la situación, se añade la incertidumbre asociada al desconocimiento sobre su curso, su evolución. La pérdida de las rutinas y de la participación cotidiana en ciertos vínculos se agrega como factor desencadenante de malestar.

Es importante saber que la situación de emergencia sanitaria, así como la circunstancia de aislamiento obligatorio dispuesto como medida preventiva, puede generar manifestaciones de ansiedad o angustia, tanto en los adultos como en niños/as y adolescentes. No hay que dejar de recordar que estas respuestas son esperables ante este hecho inesperado. No constituyen en sí mismas una patología.

En adolescentes y adultos, algunas de estas respuestas esperables pueden ser: sensación de desesperación, sintomatología física, ansiedad, decaimiento del ánimo, miedo, nerviosismo, dificultad para dormir, irritabilidad, culpa, ensimismamiento, sensación de confusión, sensación de estar “volviéndose loco”, entre otras.

En los niños/as esto puede expresarse a través de otros tipos de conductas, ya que es una característica de la infancia la exteriorización de emociones a través de la acción o a través de manifestaciones corporales. Es por esto que pueden llegar a presentar accesos de ira, o mostrarse más inquietos, con dificultades para concentrarse, con cambios fisiológicos, o con cambios en su conducta.

Todos/as nos encontramos con el desafío de encontrar formas de procesar el impacto emocional que la situación nos impone y, en el caso de los adultos, maneras de acompañar a los/as más pequeños en ese mismo proceso. En este sentido, es dable recalcar la importancia que los vínculos significativos tienen tanto para niños/as como para adolescentes y adultos. EN y A TRAVÉS de los vínculos podrán crearse o re-crearse vías para metabolizar lo disruptivo, sin olvidar que todos/as en la familia están atravesados/as por las mismas circunstancias. Las nuevas tecnologías constituyen una herramienta invalorable para la preservación de las redes sociales en tiempos de confinamiento obligatorio.

En el caso de los/as niños/as, la participación en actividades lúdico-creativas, como jugar y dibujar, podrían facilitar el proceso de expresar las emociones. La simple habilitación de espacios y tiempos de juego, sin recetas ni consignas sofisticadas, puede operar como una ocasión para la elaboración de las sensaciones que los cambios de su vida diaria les despiertan. El ofrecerles una escucha atenta y abierta, dando lugar a la expresión de sus miedos y comentarios, puede ser fuente de alivio. Es probable que algunos/as de ellos formulen preguntas. La disponibilidad para oírlas abre la posibilidad de construir ese “ENTRE” que se establece entre dos personas, en el que se puede compartir la carga afectiva que la situación trae aparejada.

Al tratarse de los/as adolescentes, los dispositivos virtuales que permiten el contacto “a distancia”, tal vez se transformen en este momento en una vía privilegiada para sostener ese “entre” al que nos referimos. Será un desafío de los adultos poder acompañar esas iniciativas y, ¿por qué no?, aprender también de ellas.

CORONAVIRUS Y VIOLENCIA DE GÉNERO | Doble pandemia para las mujeres y niñas

Por Pamela Martín García

El aislamiento social voluntario u obligatorio transcurre en gran parte del mundo por estas semanas y la violencia de género atraviesa a todos los continentes sin ninguna distinción. En muchos lugares del planeta hay mujeres, niñas y adolescentes que están padeciendo una doble pandemia: violencia de género y COVID19.

Cuando decretaron el aislamiento social obligatorio en Argentina en lo primero que pensé fue en esas mujeres, niñas y adolescentes encerradas en sus casas con violentos, maltratadores y abusadores, sin escape. Para muchas mujeres su casa puede ser más peligrosa que la calle. Ahí no hay idea de “hogar” o “sweet home”, al contrario puede ser un espacio donde suceda la más cruel de las violencias. Tal vez, llevar los niños a la escuela, ir al mercado o a trabajar era ese momento de paz tan ansiado diariamente. ¿Y ahora? Desesperante. Además, la mayoría de los abusos en la infancia se dan en las casas y el 75% de los agresores son un miembro de la familia

De inmediato las organizaciones de mujeres y feministas así como algunos gobiernos, nacional, algunas provincias y gobierno locales, reaccionaron rápido fortaleciendo instancias de asesoramiento, contención, acompañamiento y denuncia para las mujeres que viven situaciones de violencia. Por ejemplo, en Argentina se fortaleció la línea telefónica de atención y la app gratuita de la misma agregándole números de WhatsApp para quienes no pueden comunicarse con llamadas y un correo electrónico, entre otras medidas. A su vez, la mujer en situación de violencia de género que quiere ir a hacer una denuncia a la comisaría más cercana puede hacerlo porque está contemplada dentro de una de las excepciones del decreto de necesidad y urgencia dictado por el Presidente de la Nación, al ser una razón de “fuerza mayor”.

Si sabes de alguna mujer, niña o adolescente que sufre violencia no la dejes sola: escribile, llamala, preguntale cómo está, qué necesita. Dicen que el virus ataca más a varones que a mujeres, según últimos estudios, pero todo es muy reciente y nuevo. No obstante, el pronóstico que de manera indirecta sí afecta más a las mujeres, es ese trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que implica hasta una doble o triple jornada. Eso que suelen decir que es amor, pero no: es trabajo sin paga, sin vacaciones, sin horarios, fines de semana o feriados.

Al estrés, angustia, ansiedad e incertidumbre por “lo que vendrá”, las mujeres añaden una carga de trabajo en la crianza y en el mantenimiento del hogar agotador si no es compartido. No es justo, no es equitativo, no es vida. Democratizar las tareas es crucial para las familias y para el impacto en la vida de las mujeres, también en la enorme cantidad de niñas y adolescentes que cuidan hermanitos. Es un momento de crisis, entre todos los miembros es importante cuidarse y cuidar la “guarida” donde se están protegiendo del virus, cada unx con su aporte, sin recargar más a las mujeres con las que viven.

Educación Sexual Integral: un derecho pendiente

Fotografia: Catalina Distefano 

Educación Sexual Integral: un derecho pendiente

En Argentina, en el año 2006, se sancionó la Ley 26.150 que sostiene que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”[1]. Dos años más tarde, se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), con el objetivo de llevar adelante la implementación de la Ley. Sin embargo, actualmente existen muchos obstáculos para acceder a este derecho y no se implementa de manera integral en todo el país.

La educación sexual es un derecho humano. El acceso efectivo a la ESI funciona como agente de promoción de la salud, de la calidad de vida y de la prevención de enfermedades. La educación en sexualidad favorece el ejercicio de derechos, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.

Los contenidos de la ESI son exigidos por los mismos adolescentes. En las pruebas Aprender 2017 casi el 60% de los estudiantes respondieron que el principal tema que la escuela no aborda y debería hacerlo es la “Educación sexual”, mientras que en segundo lugar se ubicó la opción “Violencia de género/otros tipos de violencia”. Además, según la edición 2018 de estas pruebas, temas como “Métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual” o “Cómo evitar el abuso sexual”, contenidos fundamentales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, fueron reportados por lxs estudiantes de sexto año del primario como los menos abordados en el aula.

Por otro lado, según los balances (2008- 2015) aportados por el Ministerio de Educación, sólo el 17% de los docentes de nivel medio indicó que realiza actividades sobre ESI de manera continua. Cuando se consulta por el área de enseñanza, se destacan ampliamente los/las docentes de Ciencias Naturales[2].

Además de la ley 26.150, nuestro país cuenta con un amplio marco regulatorio que protege el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral. A nivel internacional, el Consenso de Montevideo estipula entre sus medidas prioritarias, que los Estados deben asegurar la efectiva implementación de programas de ESI. La Agenda 2030 establece entre sus metas ampliar el acceso a educación e información sobre servicios de salud sexual yreproductiva, fomentar conocimientos yhabilidades para promover  los derechos humanos y la equidad de género[3]. A nivel nacional, cabe mencionar la Ley 26.061 de protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la Ley 25.673 que promueve el acceso a información en salud sexual y reproductiva.

A pesar de los consensos nacionales e internacionales sobre la importancia y necesidad del cumplimiento de la ESI, cabe destacar el preocupante avance en la región de propuestas morales, por grupos religiosos. Según estas perspectivas, la educación sexual se constituye por conceptos como la abstinencia, el rol “natural” de hombres y mujeres, la fidelidad y la heterosexualidad.  Refieren que la ESI sirve para adoctrinar a los niños en “ideologías y comportamientos sexuales radicales que están en conflictos con los valores religiosos y culturales de la mayoría de la gente”[4].

Frente a esta coyuntura, resulta ineludible profundizar las políticas públicas existentes para el efectivo cumplimiento de la ESI y exigirle al Estado que cumpla con su obligación de proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos en todos sus aspectos, sin perder de vista la participación juvenil. Incluir a los y las adolescentes permite que las intervenciones respondan a sus necesidades reales, promueve su apropiación y compromiso respecto a las intervenciones sobre su salud sexual y los empodera para la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos[5].


[1] Ley Nacional de Educación Sexual Integral número  26.150 (2006).

[2] Ministerio de Educación. La Educación Sexual Integral en la Argentina Balances y desafíos de la implementación de la ley (2008-2015), páginas 104 a 105. Abordaje conceptual. Disponible aquí.  

[3] UNFPA Teoría del Cambio de las Iniciativas de Educación Integral de la Sexualidad.

[4] AWID – OURs (2017) Derechos en Riesgo.

[5]  IPPF (2007) Young People as Advocates Toolkit.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: Los derechos sexuales y reproductivos son de todes

En Argentina, según el último Censo Nacional, viven casi dos millones de mujeres con discapacidad y un tercio de ellas se encuentra en edad reproductiva. Diversos estudios han demostrado que es frecuente que las mujeres y niñas con discapacidad (MND) encuentren serios obstáculos para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva respetuosos de sus derechos, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos.

¿Cuáles son las barreras de acceso más frecuentes? Por un lado, experimentan diversas formas de violencia contra su libertad reproductiva en ámbitos institucionales, por ejemplo, barreras legales y físicas que les impiden tomar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva y sobre su cuerpo. Por otro lado, y en virtud de estereotipos sobre su sexualidad y prejuicios sobre su incapacidad para criar a sus hijxs, a las MND se les restringe el poder de elegir libremente el método o práctica anticonceptiva que desean utilizar y se las somete a prácticas forzosas, como la prescripción de métodos anticonceptivos de larga duración y/o a prácticas de esterilización quirúrgica sin su consentimiento (ni formal ni informalmente informado).

Además, en nuestro país aún existen normas jurídicas que vulneran los derechos de las MND, tales como el artículo 3 de la Ley 26.130 que faculta a los/as jueces a autorizar la esterilización de MND con restricciones a su capacidad jurídica, una intervención judicial que está expresamente prohibida en el caso de las mujeres sin discapacidad. Esta distinción constituye una forma de discriminación por motivos de discapacidad que vulnera el derecho de las MND a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con el resto de las personas.

Empoderamiento y capacitación para la acción: el proyecto DeSeAr con inclusión

Desde el 2018, y junto con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, llevamos adelante el Proyecto DeSeAr (Derechos Sexuales en Argentina) con inclusión, una iniciativa que busca promover el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y eliminar la violencia institucional que experimentan en el acceso a los servicios de salud las niñas y mujeres con discapacidad.

En este sentido, los hospitales y centros de salud se convierten en espacios claves que deben ser abordados para alcanzar estos objetivos. Por eso, uno de los focos de acción del proyecto es la capacitación y entrenamiento de equipos de salud para lograr que se transformen en líderes y puntos focales a la hora de brindar información, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género y discapacidad. Trabajamos con grupos interdisciplinarios de salud que se desempeñan en distintos niveles de atención, con el fin de generar un cambio sostenible, en actitudes, conocimientos y prácticas en materia de salud sexual y reproductiva de MND y en oferta de servicios respetuosos de los derechos de las personas con discapacidad en general, y de MND en particular.

Actualmente, se encuentran participando del proyecto DeSeAr aproximadamente 80 profesionales de la salud que se desempeñan en el primer y tercer nivel de atención en CABA, y se espera incluir a grupos interdisciplinarios de personal de salud del Gran Buenos Aires, en los primeros meses de 2020.

25 de Noviembre: Dia Internacional de la No Violencia hacia a las Mujeres, Lesbianas, Trans, Bisexuales y No Binaries

En el Día Internacional de la No Violencia hacia a las Mujeres, Lesbianas, Trans, Bisexuales y No Binaries, FUSA para la Salud Integral con Perspectiva de Derechos Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad  asociadas en el Proyecto DeSeAr, Derechos Sexuales en Argentina Con Inclusión,  manifestamos nuestra preocupación por la prevalencia de graves formas de violencia contra las mujeres con discapacidad e instamos al Estado a adoptar marcos jurídicos y políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación.

El Estado no produce información estadística completa en materia de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad (MND); sin embargo, sabemos que en 2018, de un total de 255 víctimas de femicidio relevadas por el Registro de Femicidios de la Justicia, 10 eran mujeres con discapacidad. Más del 30% de las mujeres con discapacidad que se comunican con la Línea 144 de atención para mujeres en situación de violencia reportan ser víctimas de violencia económica. En 2018, se reportaron más de 90 casos de violencia contra mujeres con discapacidad a la Línea 137 sobre casos de Violencia Familiar.

Las MND experimentan diversas formas de violencia contra su libertad reproductiva en ámbitos institucionales. En particular, enfrentan un sinnúmero de barreras legales y prácticas que restringen su capacidad de tomar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva.

En virtud de estereotipos sobre su sexualidad y de prejuicios sobre su incapacidad para criar a sus hijos, a las MND se les impide elegir libremente el método o práctica anticonceptiva que desean utilizar y se las somete a prácticas forzosas, como la prescripción de métodos anticonceptivos de larga duración y/o a prácticas de esterilización quirúrgica sin su consentimiento informado. La prevalencia de estas prácticas se ve favorecida por las barreras en el acceso a los servicios de salud, el escaso conocimiento de los equipos de salud en materia de derechos de las personas con discapacidad y la escasez de información pública accesible para que las MND conozcan sus derechos sexuales y reproductivos.

Al mismo tiempo, persisten normas jurídicas que vulneran los derechos de las MND, tales como el artículo 3 de la Ley 26.130 que faculta a los/as jueces a autorizar la esterilización de MND con restricciones a su capacidad jurídica, intervención judicial que está expresamente prohibida en el caso de las mujeres sin discapacidad. Esta distinción constituye una forma de discriminación por motivos de discapacidad y lesiona el derecho de las MND a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con el resto de las personas.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reclamamos la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen que las MND accedan a servicios de salud sexual y reproductiva, en igualdad de condiciones con el resto de las personas. En particular, el Estado debe garantizar el derecho de las MND a tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción.

Con ese fin, el Estado debe derogar el artículo 3 de la Ley 26.130 y otras normas que lesionan estos derechos y desarrollar estrategias para que las MND tengan información completa y accesible sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Además, se deben implementar programas de capacitación para equipos de salud en materia de salud sexual y reproductiva de las MND, tanto en el ámbito público como en ámbitos de atención por obras sociales y prepagas y otros actores no estatales.

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2019

Aborto no punible: Un derecho en riesgo

Como institución dedicada a la promoción, prevención y atención integral de la salud de adolescentes y jóvenes y como miembros del Consejo Asesor de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y del consejo asesor del Plan ENIA, queremos expresar nuestro respaldo al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo y manifestar nuestra profunda preocupación frente a la posibilidad de que quede sin efecto la Resolución No. 3158/2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud que lo aprueba.

El derecho a la interrupción del embarazo por causales fue consagrado en nuestro país en el artículo 86 del Código Penal de 1921, hace casi 100 años, y fue luego ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L” de 2012. La actualización del Protocolo de actuación implica un avance sustancial para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar ya que, por primera vez, adquiere jerarquía normativa por tratarse de una resolución oficial. Este instrumento les permite a los equipos de salud trabajar en un marco de mayor seguridad jurídica y busca evitar la judicialización de los casos que muchas veces bloquean en el ejercicio de este derecho. Además, todas las provincias deberán ahora implementar esta normativa, hayan o no adherido al Protocolo de 2015.

Entre otros avances, la actualización del Protocolo incorpora el concepto de autonomía progresiva existente en el nuevo Código Civil y Comercial de 2015, incluye las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo y hace hincapié en la importancia de la celeridad de la práctica, estableciendo un plazo máximo de diez días corridos entre el pedido de la ILE y la práctica.

En un país como Argentina, donde la muerte por embarazo terminado en aborto se encuentra entre las primeras causas de muerte materna,  un instrumento de política pública como el nuevo Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo resulta fundamental para garantizar la dignidad, los derechos, la salud y la vida de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar.

Equipo de FUSA AC

La provincia de Chaco tiene la obligación de informar de manera veraz y completa y facilitar el acceso a la interrupción legal del embarazo

Como organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos y a la promoción y acceso a los derechos sexuales y reproductivos, manifestamos nuestra preocupación por la decisión del Gobernador Domingo Peppo de vetar la modificación a Ley provincial 2038-G (antes Ley 7064) sobre la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles.

La modificación de la ley había sido aprobada por el Cámara de Diputados de la provincia el pasado 25 de septiembre y establecía la obligación de “arbitrar las medidas pertinentes para la difusión de los derechos consagrados en la Guía Técnica, tanto al público en general como a los efectores de salud, en particular a aquellos donde se ejecuta la Red Sanitaria Provincial”.

En su decisión de vetar la norma, el Poder Ejecutivo señaló que “la misma hace referencia a la necesidad de difusión de la Guía, sin garantizar el derecho a la ‘objeción de conciencia’, de rango constitucional, de todos y cada uno de los empleados del sistema sanitario provincial”, y propone dejar sin efecto la obligación del Estado provincial de capacitar a profesionales de la salud en perspectiva de género y derechos humanos bajo el fundamento de que “no se garantiza el respeto a sus derechos de pensamiento, conciencias y creencias religiosas”.

Chaco adhirió al protocolo nacional de interrupción legal del Embarazo a través de una ley en el año 2012, luego de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso “F.A.L.”. Esto no se modifica por el veto del gobernador saliente.

El diputado provincial Daniel Trabalón, autor del proyecto de ley aprobado por la legislatura provincial, aseguró que la propuesta buscaba “hacerlo público, trabajar con medidas de publicidad con la sociedad y profundizar la capacitación de este protocolo a nivel provincial”. La modificación fue aprobada por 19 votos a favor y sólo cuatro abstenciones.

Chaco es una de las provincias con mayor índice de embarazo adolescente. Entre 2014 y 2018 se quintuplicaron los casos de atención por violencia y abuso sexual infantil. En 2017, fue la provincia con mayor registro de egresos hospitalarios por aborto con un total de 1881 (apenas por debajo de la media nacional).

Un derecho que no se conoce, no se reclama.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó en el caso “F.A.L.” a las autoridades provinciales a contemplar pautas que garanticen la información a las mujeres que solicitan una interrupción legal del embarazo a través de protocolos sanitarios. La provincia de Chaco cumplió rápidamente con esa exhortación (al adherir a la Guía Técnica nacional) sin cumplir plenamente su obligación de informar de manera activa, veraz y completa a las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes a través de la capacitación de profesionales de la salud. El objetivo de la norma aprobada por la Cámara de Diputados era saldar esa deuda reforzando la obligación de difundir los derechos contemplados en la Guía Técnica, tanto al público en general como a los efectores de salud.

Con el convencimiento de que la prioridad de todos los actores políticos y sociales debe estar enfocada en garantizar el derecho de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar de acceder a la protección de su salud integral, instamos:

  • A LA LEGISLATURA PROVINCIAL a insistir con la norma aprobada ratificando su decisión por el voto de una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes presentes en la sesión (artículo 118 de la Constitución de Chaco).

  • AL GOBERNADOR DOMINGO PEPPO a cumplir con las obligaciones vigentes en la provincia de Chaco en materia de información y acceso a servicios para que no haya barreras en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, en particular el acceso al aborto legal y seguro.

  • AL GOBERNADOR ELECTO, JORGE CAPITANICH a comprometerse a garantizar el acceso de todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar al aborto legal, en los casos contemplados por las normas vigentes, mejorando los estándares de atención en todo el territorio provincial para eliminar las barreras de acceso. Esto incluye la obligación de capacitar a profesionales de la salud en sus obligaciones y generar campañas amplias de comunicación al público general: es indispensable conocer nuestros derechos para poder reclamar su cumplimiento.

Acciones como las tomadas por el gobernador de la Provincia de Chaco solamente buscan profundizar las barreras que existen para el acceso a abortos legales. Evitar la difusión de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles supone la intención de dejar a miles de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar sin información en cuanto a los derechos que tienen y pueden ejercer desde 1921. Las empuja a la clandestinidad o a seguir adelante con embarazos que podrían poner en riesgo su salud o vida o a continuar embarazos productos de violación por desconocer un derecho que el estado provincial tiene la obligación de garantizar y proteger.

Firman:

  • ELA -Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
  • REDAAS – Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina
  • CEDES – Centro de Estudios de Estado y Sociedad
  • Amnistía Internacional Argentina
  • FEIM – Fundación de Estudios de la Mujer  Católicas por el Derecho a Decidir
  • Mujeres X Mujeres
  • CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
  • FUSA Asociación Civil
  • Ni una menos – Resistencia
  • MEI – Mujeres en Igualdad
  • RATT Argentina
  • Fundeps
  • Fundación Huésped
  • Fundación Mujeres Creciendo
  • Feministas Humanistas
  • Feministas Humanistas Córdoba
  • Asociación civil Activar Personas Vínculos Humanistas.
  • Frente abolicionista Chaco – Corrientes