Han pasado 5 años desde que la DM “Prevenir con Educación” fue aclamada por representantes de los ministerios de salud y educación en más de una veintena de países de la región. En 2008 los ministros de salud y educación se comprometieron en el marco de la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA, llevada a cabo en la Ciudad de México, a garantizar a la población joven el disfrute más alto nivel de salud y educación y bienestar. En especial, se comprometieron a mejorar la respuesta a la pandemia de VIH entre jóvenes y adolescentes, sector que actualmente concentra el 50% de las nuevas infecciones en la región.
Han pasado 5 años desde que los ministerios de salud y educación se comprometieron a:
- Reducir en 75% el número de escuelas que actualmente no han institucionalizado la Educación Integral en Sexualidad.
- Reducir en 50% la brecha en adolescentes y jóvenes que actualmente carecen de cobertura de servicios de salud para atender apropiadamente sus necesidades de Salud Sexual y Reproductiva.
A partir del acuerdo “Prevenir con Educación” desde la sociedad civil se han evaluado los avances y retrocesos para el adecuado cumplimiento de las metas establecidas por la declaratoria. Por tercer año consecutivo y con el respaldo de más de 60 organizaciones pertenecientes a 19 países de la región, se ha publicado el informe Evaluación de la implementación de la Declaración Ministerial Prevenir con Educación 2012 Del Acuerdo a la Acción; Avances en Latinoamérica y el Caribe. Dicho informe da cuenta de los avances, rezagos y retrocesos, así como de las políticas públicas pendientes para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la Declaratoria.
En el caso de la Argentina, desde 2006, existe la ley 26.150 que hace obligatoria la instrucción de la Educación Integral Sexual en todo el sistema escolar del país y se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, el cual es coordinado desde el Ministerio de Educación en el marco de la articulación federada del país. A pesar de los avances registrados, aún quedan pendientes cuestiones como el delineamiento de un programa de trabajo en conjunto entre ministerios y organizaciones de la sociedad civil para alcanzar los objetivos de la declaratoria y, principalmente, reducir la brecha entre el marco normativo vigente y la efectiva implementación de políticas públicas que generen las condiciones habilitantes para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en todo el territorio nacional.
Exigamos y sigamos trabajando para que la Educación Integral Sexual sea un derecho para todos.
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