La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina marcó un antes y un después para el movimiento feminista, no sólo en nuestro país, sino que en toda la región. El pañuelo verde, símbolo de la lucha que instaló el debate del aborto en la agenda pública y en el Congreso, fue adoptado en el resto de América Latina para reclamar por el derecho a decidir. ¿Cómo es el panorama regional en términos de acceso al aborto legal?
¿Qué países de Latinoamérica reconocen el derecho a decidir?
Además de la Argentina, que sancionó la ley en diciembre del 2020, la interrupción del embarazo es legal en Uruguay desde el 2012. La legislación uruguaya autoriza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, un plazo que se extiende a 14 semanas en caso de violación y sin plazos cuando está en riesgo la salud materna o si hay malformación fetal.
El caso de nuestro país vecino fue usado de ejemplo en varias ocasiones durante el debate en la Argentina: es que la tasa de mortalidad materna de Uruguay es la segunda más baja de América.
El primer país en despenalizar el aborto en América Latina y el Caribe fue Cuba. En 1936 se legalizó esta práctica en situaciones como violación, amenaza para la vida de la mujer o riesgo de transmisión de una enfermedad grave al feto. En 1965 se creó la base legal para que pudiera realizarse libremente en el marco del Sistema Nacional de Salud, dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Sin embargo, el aborto en Cuba no es ley: está institucionalizado en guías metodológicas del Ministerio de Salud, pero no está registrado en un marco legal. Organizaciones feministas de Cuba reclaman que se sancione una ley para que la interrupción voluntaria del embarazo realmente sea una garantía de derecho.
En Guyana, desde 1995 el aborto es legal dentro de las primeras ocho semanas de embarazo. Se permite hasta las 12 semanas en caso de riesgo para la mujer o el feto, o si el embarazo se produjo a pesar de utilizar anticonceptivos. En el caso de Puerto Rico, desde 1973 todas las personas gestantes, incluidas menores de edad, pueden realizarse un aborto en cualquier periodo del embarazo.
El caso de México
En México, las leyes varían según cada Estado, y de los 32 que conforman el país, sólo cuatro autorizan la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12 semana de gestación. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, de a poco la marea verde avanza sobre el territorio mexicano: recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
Permitido sólo en ciertos casos
En Brasil y Bolivia el aborto es ilegal, exceptuando casos de violación o amenaza para la vida de la mujer. En Colombia, al igual que en Chile y Panamá, está permitido cuando existe peligro para la mujer o el feto y en casos de abuso sexual. En Ecuador, hasta hace menos de seis meses sólo estaba permitido si el embarazo ponía en riesgo la vida de la mujer o en caso de violación a una persona con discapacidad. A fines de abril del 2021, este último causal se extendió para todas las mujeres.
En Perú, Surinam, Paraguay, Venezuela, Guatemala y Costa Rica, el aborto es legal únicamente cuando la vida de la mujer gestante se encuentra amenazada.
Países donde está completamente prohibido:
En Honduras, Nicaragua, Haití, Salvador y República Dominicana prohíben, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo.
La marea verde cruza fronteras
Según la Organización Mundial de la Salud, tres de cada cuatro abortos practicados en América Latina fueron realizados sin condiciones de seguridad, esto quiere decir que lo practicó una persona que no está capacitada para realizar este tipo de procedimientos y/o se hizo en un entorno que no cumple con las normas médicas mínimas. Como región que históricamente fue desigual, reconocer el aborto como política de Estado resulta urgente.
