Desde FUSA, en conjunto con las demás organizaciones integrantes del Consejo Asesor del Plan ENIA (abajo firmantes) desde su creación en 2017, profesionales con amplia experiencia y trayectoria en temas de niñez y adolescencia y en derechos sexuales y reproductivos, nos expresamos frente al desmantelamiento del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional del Embarazo en la Adolescencia -ENIA- que afecta la salud y la trayectoria de vida de niñas y adolescentes y redunda en una pérdida millonaria en dólares que afectará el desarrollo del país por décadas.
La semana pasada, el Ministerio de Salud de la Nación anunció el rediseño del plan ENIA, que implica la finalización del contrato de 619 agentes que llevan adelante la política pública en las provincias originalmente priorizadas, sosteniendo solo la continuidad del rol del Estado Nacional en el seguimiento, control y compra de insumos. Retirar el financiamiento de los puestos dedicados a llevar adelante el plan afecta directamente a su diseño. No alcanza con enviar insumos si no se cuenta con los recursos humanos que garantizan la implementación del plan en terreno.
Asimismo, preocupa la referencia a los y las trabajadoras como “cargos políticos” en tanto dicha afirmación no solo es falsa, sino que busca deslegitimar y desprestigiar la labor del personal técnico especializado en salud sexual e infancias. A su vez, pretende desviar el eje de la conversación, que es la necesidad de fortalecer la política pública para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.
Según un estudio realizado por UNFPA en 2019 en 10 países de América Latina, solo el 38% de las adolescentes que se convierten en madres logran terminar el secundario, un 3% alcanza estudios terciarios y el 1% llega a la universidad.
El embarazo adolescente es muy frecuente en Argentina, por eso en 2017 se empezó a programar este plan que se inició en 2018, durante el gobierno del Presidente Macri, en la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Al vincular educación con salud, el plan introdujo un elemento clave, ya que se crearon asesorías de salud en las escuelas para construir puentes entre el sistema educativo y el sistema de salud, facilitando el acceso de niños, niñas y adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva. No solo eso, el Plan atendió problemas de salud mental, incluso intentos de suicidio, uso de sustancias y otros problemas, además de apoyo en trámites para que completen el proceso de documentación.
El embarazo no intencional en la adolescencia afecta integralmente la vida de las niñas y adolescentes, ya que abandonan la escolaridad y tienen dificultad para insertarse en el mercado laboral, lo que reproduce y aumenta la reproducción entre generaciones de la pobreza y, por ende, el desarrollo del país. En 2018, el Fondo de Población y Desarrollo de ONU realizó un estudio con la metodología Milena que mide el impacto socioeconómico del Embarazo Adolescente y estimó que, por año, se pierden U$S 864 millones, mientras que el Plan ENIA sólo insume U$S 17,5 millones. Esto demuestra un costo beneficio muy alto. En cinco años de su desarrollo, logró disminuir un 50 % la tasa de fecundidad adolescente, lo que da cuenta de su impacto basado en evidencia científica.
El Plan ENIA es considerado un modelo de política pública en la región y en otros países, que pudo sostenerse y robustecerse durante dos gobiernos de distinto signo político. Como especialistas en salud y bienestar adolescente e integrantes del Consejo asesor desde su creación, sabemos que para diseñar estrategias eficaces para la prevención de embarazos no intencionales en adolescentes no es suficiente con repartir insumos. Se necesita que haya agentes capacitados para asesorar y apoyar a los adolescentes con información precisa y basada en evidencia científica, para que los y las adolescentes se acerquen a los centros de salud para recibir información, asesoramiento e insumos.
Por eso, urgimos al gobierno nacional a que revise esta medida y reincorpore a los agentes del Plan ENIA, ya que las provincias no pueden sostener esos agentes que con muy bajo presupuesto implican el ahorro de casi 600 millones de dólares por año al país, además de los beneficios para las niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a quienes les permite un futuro mejor.
AMADA | SAGIJ
Amnistía Internacional
Asociación Argentina de Salud
CEDES
Colegio de Obstétricas
ELA
FEIM
Fundación Huésped
FUSA
Kaleidos
Sociedad Argentina de Medicina
SURCOS
y otras…
