Entre el 19 y 20 de julio se realizó en Lima el Foro Regional Asegurando el acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad en el que participaron funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales de toda la región. Por FUSA AC participó la Dra Sandra Vázquez, Directora Ejecutiva de la institución.
Allí se puso el fofo en las y los adolescentes, entre los 14 y 16 años y particularmente aquellas/as que por ser indígenas, afrodescendientes, LGBTI o vivir con algún tipo de discapacidad, sufren de mayor postergación y discriminación, enfatizando en algunas Medidas Prioritarias de la “Guía Operacional para la Implementación y el Seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”.
¿Qué es el Consenso de Montevideo?
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo constituye el documento sobre población y desarrollo más incluyente y avanzado, en especial, en el ejercicio libre y pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Los 38 Estados que lo suscribieron, partieron del reconocimiento que i) los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte integral de los derechos humanos y son fundamentales para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y la eliminación de la pobreza, ii) que las brechas en salud continúan sobresaliendo en la región y las estadísticas promedio ocultan los altos niveles de mortalidad materna, de infecciones de transmisión sexual, de infección por VIH/SIDA y iii) que existe una alta demanda insatisfecha de anticoncepción no justificada que afecta principalmente a las mujeres jóvenes, más aun si son pobres, rurales, indígenas, afrodescendientes o viven con discapacidad; entre otr
¿Cuáles son las recomendaciones incluidas en el Foro Regional de Lima? 
I. Reducir el embarazo adolescente con énfasis en menores de 15 años.
a) Garantizar el acceso a educacion sexual integral (ESI).
Actualizar los currículos educativos en forma transversal y diferenciada por edad, con contenidos específicos dirigido a adolescentes menores de 15 años, tomando en consideración su pertinencia cultural y necesidades específicas de salud sexual y reproductiva
Capacitar a los y las docentes con cursos obligatorios en educación sexual integral y no sexista, libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como el desarrollo de actualizaciones con herramientas y recursos adaptados a los distintos grupos prioritarios.
Brindar capacitación a padres y/o referentes familiares, para que estos generen espacios protectores, libres de violencia y discriminación basado en genero.
Desarrollar cursos de formación de promotores y de pares que representen a los distintos grupos sociales, incluyendo a los adolescentes LGTBI, a fin de facilitar el enlace de los grupos identificados para un mejor acercamiento a los servicios de salud. Desarrollar metodologías de autoaprendizaje adaptado a los contextos locales.
Realizar jornadas de sensibilización y capacitación para el conocimiento de la norma de ESI y su adecuación particular a grupos vulnerables identificados.
Incluir a los grupos vulnerables para la generación de políticas públicas, así como contenidos y materiales donde los distintos grupos se vean incluidos.
Generar mecanismos reconocidos y oficiales de monitoreo social, que integre a los y las representantes de organizaciones de los grupos priorizados, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas nacionales sobre ESI.
Constituir mesas intersectoriales que integren a representantes de la sociedad civil, enfocado en garantizar la universalización de la ESI, bajo un enfoque de derechos humanos, género y laicidad.
b) Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces a adolescentes para prevenir el embarazo no deseado y eliminar el aborto inseguro.
Asegurar el acceso universal a métodos anticonceptivos requiere de; i) protocolos de atención que incluyan a menores de 15 años, asi como una cadena de suministro adecuada y su correspondiente financiamiento con asignación de partidas presupuestales para la compra de anticonceptivos, con alcance para todos los sectores poblacionales, ii) Revisar la legislación relacionada a la tutoría y su injerencia en la entrega de métodos anticonceptivos y iii) Determinar la edad fértil como herramienta para diseño de políticas y programas.
Desarrollar/actualizar normas de atención en salud sexual y salud reproductiva que: i) incluyan las particularidades de la atención para adolescentes; ii) establezcan medidas para que los métodos anticonceptivos estén disponibles a las y los adolescentes en los servicios diferenciados y en todos los servicios de salud, sin necesidad de presencia ni autorización de padre/madre/tututor(a). iii) desarrollen mecanismos de rendición de cuentas para reportar la calidad de los servicios de salud sexual y salud reproductiva para adolescentes. iv) diseñen y capten datos desagregados para un adecuado conocimiento de la situación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Crear mecanismos para la rendición de cuentas de los Estados en la ejecución del marco legal, político y desarrollo de presupuestos dirigidos a la ejecución y definición de los servicios amigables para adolescentes. Generar instrumentos de consulta y participación social en la Planificación de presupuesto.
Generar mecanismos de abogacía para la liberación de patentes de métodos anticonceptivos modernos, con énfasis en largo plazo.
Incorporar a la violencia sexual como factores de riesgo de embarazo infantil. Considerar que asegurar calidad de la atención para niños y niñas, requiere de enlaces sectoriales que permitan el acercamiento hacia una protección integral.
Definir protocolos de coordinación Interinstitucional, desarrollar estándares y criterios de verificación para la evaluación de servicios y evaluación de competencias de los profesionales, asi como establecimiento y operativización de las defensorías públicas para la protección de niños/as afectadas por violencia.
Desarrollar espacios de participacion de la sociedad de la sociedad civil, que hagan el segimiento y cumplimiento de los protocolos para la prevención, detección y atención de los casos de violencia con énfasis en la violencia sexual.
II. Reducir segundo embarazo o embarazo subsiguiente en adolescentes
a) Priorizar el impulso de programas de seguimiento integral de las madres adolescentes con énfasis en la prevención del embarazo subsiguiente y el acceso a anticonceptivos para lo cual se propone:
Implementar programas de atención integral en SSR y de protección social que incluyan acompañamiento, cuidado, retención y reinserción escolar, libres de discriminación de la adolescente embrazada o madre, que incluyan la formación y sensibilización de docentes
Desarrollar políticas de formación y capacitación a los y las proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva, centrado en las necesidades de las mujeres adolescentes, particularmente dirigidos a poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas LGBTI y aquellas que vivan con algún nivel del discapacidad.
Generar manuales y dispositivos de consejería anticonceptiva y de salud sexual durante el control pre-natal para lograr adherencia y desarrollo de la estrategia de AIPE (anticoncepción post evento obstétrico), con énfasis en MALD (Métodos Anticonceptivos de Larga Duración). Así como promover la participación de la pareja en el control prenatal cuando este esté presente.
Garantizar la formación de recursos humanos, comprometidos con los servicios diferenciados, con énfasis en las zonas rurales; así como adecuación de los protocolos y materiales informativos adaptado a las costumbres y lengua de origen, así como accesibles a personas con discapacidad sensorial.
Establecer como prioridad la atención de los grupos indígenas para lo cual se hace necesario estrategias de diálogo político con los líderes de las comunidades para el abordaje del embarazo adolescente desde una perspectiva común.
III. Resultado: Reducir las infecciones de transmisión sexual (ITS) incluyendo el VIH.
a) Garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, sin discriminación, con pertinencia cultural y atención diferenciada a través de servicios amigables e integrales con una difusión y formación adecuada de profesionales en temáticas de adolescencias. Para ello se propone;
Que los servicios recojan las voces de las y los adolescentes en su diversidad, y brindar atención sin exigir la presencia de un(a) adulta(o).
Asegurar la disponibilidad de material informativo que promueva conductas saludables para el acercamiento y disfrute de la sexualidad plena de las y los adolescentes, sin prejuicios y estereotipos de género. Así como diseñar e implementar protocolos para la atención de cada grupo de personas LGBTI+, tomando en cuenta las diferencias.
Garantizar la accesibilidad de servicios que brinden información, que incorporen ajustes razonables y adaptabilidad física para personas que viven con discapacidad. Que se incluyan en la entrega de los servicios a facilitadores/as que representen a este grupo y promuevan el consentimiento informado y la autonomía de las decisiones de las personas.
Desarrollar servicios de formación que capaciten al personal de salud y agentes comunitarios, desde la recuperación e intersección de saberes (indígenas y no indígenas), libre de estereotipos sobre la sexualidad de la población afrodescendiente, atención adecuada a las personas con discapacidades, para evitar su infantilización y/o “asexualización”.
b) Garantizar que las personas que viven con el VIH estén libres de discriminación y estigma
Garantizar que en la normatividad sobre la atención de la SSR se contemplen acciones para la eliminación del estigma y la discriminación de la que suelen ser víctimas las personas viviendo con VIH (PVVIH) o en situación de vulnerabilidad. Que su incumplimiento incluya repercusión/sanción administrativa relacionada a la no aplicación de la normativa.
Asegurar que las constancias médicas y certificados, resguarden la confidencialidad sobre condición de VIH.
Incorporar en la formación de recursos humanos en salud (cursos y carreras de formación de proveedores de salud), aspectos de sensibilización y derechos humanos respecto a la condición del VIH.
Incorporar en currículo escolar la no discriminación hacia las personas que viven con VIH
Establecer en las normativas, especialmente aquellas dirigidas a las poblaciones indígenas u otras particularmente vulnerables, medidas que contrarresten contenidos influidos por grupos religiosos con concepciones estigmatizantes hacia el VIH y a otros temas de sexualidad y de SSR.
Incorporar en la formación obligatoria a proveedores/as de salud, contenidos que identifiquen y eviten el estigma y la discriminación en los servicios. Ello incluye; i) el reconocimiento y respeto al nombre social de las personas trans en los servicios; además del respeto en general a las personas LGBTI y ii) incorporar en las guías técnicas información sobre condiciones sociales que expliquen el mayor riesgo en las comunidades étnicas y que consideren la interseccionalidad con la pobreza y otras características que aumentan la vulnerabilidad.
Asegurar la difusión de los servicios para la detección temprana y los tratamientos oportunos en torno al VIH y otras ITSs.
Incorporar a las PVVIH y que han sobrellevado adecuadamente su condición como aliados/as en las sensibilizaciones a proveedores y acompañamiento a personas diagnosticadas.
Fortalecer y formar equipos de salud mental (psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales) para el acompañamiento psicológico y soporte continuado de las personas con VIH, enfatizando la búsqueda activa de personas que abandonan tratamiento.
Reconocer que las personas con discapacidad son seres sexuados y que pueden estar expuestos a las infecciones de transmisión sexual, por lo tanto deben recibir información, consejería, pruebas de detección temprana y acceso a tratamiento cuando sea necesario, incluyendo tratamiento preventivo en casos de violencia sexual o exposición laboral
IV. Eliminar formas de violencia contra los/as NNAs y mujeres, incluida violencia sexual, trata de personas y explotación sexual
a) Priorizar el diseño e implementación de estrategias intersectoriales contra todo tipo de violencia en especial hacia NNA y jóvenes que comprenda la participación de sectores como salud, educación, justicia, desarrollo e interior. La tolerancia cero contra la violencia, incluida la violencia sexual hacia NNA y mujeres debe estar incluida explícitamente en la Constitución de todos los Estados.
Generar Sistema Nominal Único de seguimiento a niños, niñas y adolescentes y su sistema de referencia y contra referencia desagregado por sexo que favorezca la entrega de un paquete integral dirigido hacia los adolescentes. Así como implementar e institucionalizar en los gobiernos locales políticas de juventud, relacionado a los programas de prevención de violencia, enfoque de género y nuevas masculinidades.
Institucionalizar la participacion de la sociedad civil, reconociendo su rol activo, autonomo y vinculante, a fin de desarrollar el seguimiento y monitoreo de las políticas.
Implementar programas de educación integral contra la violencia basada en género incluida la violencia familiar y sexual, en todos los espacios, enfatizando en las escuelas. Se debe incluir la formación del personal docente, madres, padres y tutores. Posicionar a niñas y niños como sujetos de derecho.
Fortalecer/crear rutas únicas de atención para casos de violencia y abuso, que sea construida de forma participativa, incluyendo a escolares, considerando la pertinencia cultural y la situación de las personas con discapacida y población LGBTI.
Generar datos oficiales sobre incidencia y prevalencia de la violencia en sus diferentes formas, incluida la violencia sexual, así como la red de servicios y apoyos. Disponer de instrumentos que facilite la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e internacional
Incorporar en el el sistema escolar contenidos de no discriminación de niñas, niños y adolescentes, con especial atención en la integración de las personas LGTBI, incorporando metodologías que han demostrado ser efectivas (ejm. “Todo Mejora”).
Garantizar que las turismo enfrenten la trata de personas, en especial aquella que afecta a niños, niñas y adolescentes.
Asegurar que la militarización de territorios por cualquier motivo debe asegurar protocolos que prevengan y sancionen como crimen de lesa humanidad la violación o cualquier forma de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres
V. Reducir el porcentaje de población que sufre discriminación, agresión y violencia de distintos tipos, entre ellas por orientación sexual e identidad de género
Garantizar el marco legal que elimine la discriminación en el acceso a la salud sexual y reproductiva de los grupos en situación de vulnerabilidad y garantizar programas comunitarios orientados al cambio cultural en relación a las desigualdades de género y para eliminar todo tipo de discriminación son las intervenciones más efectivas.
Identificar las disposiciones discriminatorias, así como los vacíos existentes en la normatividad que propician la discriminación o que restringen el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva de poblaciones en situación de vulnerabilidad, indígena, afrodescendiente, personas con discapacidad y población LGTBI.
Ampliar el desarrollo de protocolos para atención diferenciada en SSR, investigación sobre enfermedades prevalentes y recurrentes en poblaciones específicas, incorporar la autodefinición étnica en cesos y registros admininstrativos que nos permitan mejorar la data disponible para el diseño y monitoreo de políticas públicas orientadas a la cobertura universal de los servicios básicos de salud, educación y otros.
Garantizar una convención en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos que contribuya a efectivizar la exigencia del ejercicio de dichos derechos a los estados.
Reconcer legal y socialmente a los pueblos indígenas, a fin de establecer un diálogo permanente y fluido con los saberes ancestrales así como articular los diferentes modelos de salud que conviven en escenarios diversos de nuestros países.
Legalizar el derecho a la identidad de género para asegurar la inclusión real de las personas LGBTI. El cambio cultural exige modificar los estereotipos de genero y reconocer diversos escenarios claves como son la escuela, los establecimientos de saluld, el barrio y los medios de comunicación.
