En general, nos referimos a las personas migrantes como si fueran una sociedad homogénea. Esa creencia no sólo es errada, sino que constituye un grave obstáculo para el reconocimiento de las distintas culturas dentro del ámbito de la salud. La realidad es que, si bien cada comunidad migrante tiene su propia identidad, comparten entre sí situaciones de exclusión que les dificultan o impiden acceder al sistema de salud. Estas barreras suelen ser geográficas, étnicas, idiomáticas, culturales, económicas o religiosas. 

Es necesario construir políticas públicas que garanticen el acceso a la salud de las personas migrantes desde una perspectiva intercultural, es decir, construyendo servicios de salud junto a las comunidades, incluyéndolos como actores protagonistas a través de su incorporación directa (consultas previas, contrataciones, etc). Para lograrlo, debemos revisar algunas representaciones sociales hegemónicas acerca de las personas migrantes para evitar reproducir prácticas excluyentes a la diversidad cultural.

Migrar es un derecho humano que está protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales.Históricamente, nuestro país recibe migrantes de distintas partes del mundo, y actualmente, en Argentina hay más de 3 millones de migrantes según la Dirección Nacional de Población (2023). Sin embargo, esa cifra corresponde solo a las personas que tienen DNI y residencia, por lo que se podría tratar de miles de personas más. Para las comunidades migrantes, uno de los factores importantes relativos a la inclusión social en un nuevo país es el acceso a los servicios de salud. En la Argentina, gracias a la Ley de Migraciones (25.871), las personas migrantes tienen derecho irrestricto a la atención a la salud, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, como dice la ley, “no podrá negársele o restringírsele,en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”. La Ley Nacional de Migraciones las entiende como un derecho humano, y como lo expresa la Constitución, toda persona dentro del territorio deberá gozar los derechos del ciudadano, esto incluye la educación y la salud.

Existen determinados factores que se combinan para determinar la posición social de una persona. Estos pueden ser: el género, la raza, la edad, la etnicidad, el idioma, la ascendencia, la orientación sexual, la religión, la clase socioeconómica, la localización geográfica, la migración, la discapacidad, ser una persona con VIH/SIDA o ser residente en una zona de conflicto.. La interseccionalidad es una herramienta analítica para entender cómo las relaciones de poder están entrelazadas y cómo estos cruces contribuyen al incremento de la desigualdad. Para garantizar el acceso a la salud desde una perspectiva de derechos, es importante tener un enfoque interseccional y de esta manera tener en cuenta a todas las identidades.